Preguntas frecuentes

Las más utilizadas son la renegociación de deudas, la quiebra personal (liquidación) y la reorganización bajo la Ley de Insolvencia y Reemprendimiento. Cuál conviene depende de tu situación.

No la ignores: los plazos para presentar defensas en un juicio ejecutivo son breves. Contáctanos con la notificación a mano y evaluaremos gratuitamente tus alternativas.

Se presenta una solicitud ante el tribunal competente, acompañada de documentos que acrediten que no puedes cumplir tus compromisos financieros. Luego sigue un proceso judicial que puede terminar con la extinción de las deudas.

Sí. Puedes negociar nuevas condiciones con tus acreedores, como plazos, tasas de interés o incluso una reducción del monto, mediante un acuerdo entre las partes.

Tus acreedores pueden demandarte, iniciar medidas de cobro y llegar al embargo de bienes. Además, tu historial crediticio se ve afectado, lo que dificulta acceder a nuevos créditos.

Préstamos personales, créditos hipotecarios, deudas comerciales y tarjetas de crédito, entre otras.

Depende de la complejidad del caso y del tipo de procedimiento: puede ir desde algunos meses hasta varios años.

En circunstancias específicas sí, pero está sujeta a requisitos legales estrictos. Un abogado puede evaluar si cumples las condiciones.

Existen estrategias legales como la reestructuración de obligaciones o la planificación patrimonial. Te orientamos sobre la mejor opción según tu situación.

El embargo permite al acreedor retener bienes del deudor para asegurar el pago. La tercería es el mecanismo con el que un tercero puede oponerse a ese embargo alegando derechos sobre los bienes afectados.

Hasta los 21 años, salvo que estén estudiando una profesión u oficio, en cuyo caso la pensión cesa a los 28 años. Si tienen una incapacidad física o mental que les impida subsistir por sí mismos, los alimentos se mantienen mientras dure esa incapacidad.

Sí, siempre se requiere la representación judicial de un abogado o abogada.

El tribunal puede decretar apremios como arresto nocturno o completo, arraigo (prohibición de salir del país), oficiar al empleador, retener la devolución de impuestos, retener fondos de cuentas bancarias, autorizar el cobro a través de la AFP e incluso embargar y rematar bienes del deudor.

La Ley 21.389 establece, entre otras, las siguientes medidas:

• Retención de fondos al solicitar un crédito bancario igual o superior a 50 UF, y al recibir dinero por la venta de inmuebles o vehículos.
• Impedimento para renovar licencia de conducir y pasaporte.
• Retención de beneficios económicos, como bonos del Estado.
• Funcionarios públicos y autoridades electas: retención de un porcentaje del sueldo y obligación de declarar la deuda en la Declaración de Intereses y Patrimonio.
• Retención del finiquito y de la indemnización por años de servicio en caso de despido.
• Posibilidad de impedir la inscripción del traspaso al vender un vehículo o propiedad.
• El no pago de alimentos se considera violencia intrafamiliar.

Deja constancia en Carabineros (o en la Comisaría Virtual) detallando cada incumplimiento. Si continúa, se puede demandar la modificación o suspensión del régimen.

Lo más importante es no tomar decisiones apresuradas. Un despido injustificado, cambios en tus condiciones de trabajo, falta de pago, acoso laboral o vulneración de derechos fundamentales deben analizarse según las circunstancias de cada caso.

Revisamos tu situación, te explicamos qué derechos podrían estar siendo afectados y qué alternativas tienes para defenderlos.